El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, dio a conocer quiénes integrarán su gabinete y en el caso de Agroindustria –que pasará a ser Desarrollo Agrario- su titular será Javier Rodríguez.

El ruralismo bonaerense espera definiciones sobre las políticas que implementará el sucesor de Leonardo Sarquís, que ya tuvo un paso por la función pública en materia de políticas agropecuarias. Entre 2013 y 2015 se desempeñó como secretario de Coordinación Político Institucional y Emergencia Agropecuaria, durante la gestión de Carlos Casamiquela al frente del ministerio nacional de Agricultura.

A través de un comunicado, Federación Agraria de Buenos dejó bien en claro su desacuerdo con la gobernadora saliente María Eugenia Vidal. De esta manera y mientras las entidades gremiales del campo se han concentrado en advertir sobre el efecto negativo que tendría sobre esta cadena de valor un aumento en los derechos de exportación, los federados bonaerenses criticaron con dureza a la gestión Cambiemos.

Las críticas hacia Vidal se articulan sobre cinco ejes: emergencia agropecuaria, seguridad rural, financiación, caminos rurales y aplicaciones de fitosanitarios. Con respecto al primer punto y citando el caso del sudoeste de Buenos Aires –una región afectada por las inclemencias climáticas- afirmaron que “nunca se otorgaron tan pocos certificados de emergencia y ello expuso a los productores a las intimaciones de ARBA y AFIP impidiendo, en muchos casos,  seguir produciendo”.

En este reclamo también se puede apreciar otro componente delicado entre la relación campo-gobierno, que es la presión impositiva y fue uno de los temas que más dolores de cabeza le ocasionó a Vidal. Con respecto a la seguridad rural, remarcaron que más allá de esfuerzos individuales, “ha habido una enorme desinversión”.

La asistencia financiera a la producción fue otro punto en donde los ruralistas no ahorraron munición. “Ha estado ausente y los productores más chicos y las PyMEs agrarias han encontrado en el Banco  de la Provincia de Bueno Aires oídos sordos”, advirtieron.

Otro punto en donde no comparten la visión de la gestión saliente es en el estado de los caminos rurales. Más allá del anuncio de la gobernadora de obras para reparar 12.000 kilómetros de estos trazados, diagnosticaron que “son una calamidad, que afecta a quienes trabajamos en el interior”. En esta línea, cuestionaron que los fondos provenientes para estos fines, provenientes del Impuesto Inmobiliario Rural y la Tasa Vial, no fueron empleados de manera correcta.

Con respecto a la legislación para la aplicación de fitosanitarios en territorio bonaerense, sostuvieron que existe un estado de “anarquía” al respecto, con más de 75 ordenanzas municipales descoordinadas.