Hace diez años, el Congreso Nacional fue testigo de una batalla que marcó un antes y un después en la historia política argentina: el conflicto por la Resolución 125, cuando la entonces presidenta Cristina Fernández de Kirchner buscó implementar un esquema de retenciones móviles a la soja.

El 17 de julio de 2008 y después de cuatro meses de una intensa disputa que dividió las opiniones, el oficialismo llevó al Congreso Nacional un proyecto de Ley para discutir las retenciones móviles a la soja. La iniciativa fue aprobada en Diputados y tras un empate en Senadores, el vicepresidente Julio Cleto Cobos se manifestó en contra de esta medida, con su famoso voto “no positivo”.

El efecto más notable de este triunfo legislativo de la oposición fue visibilizar al sector agropecuario, que durante esos cuatro meses ocupó la primera plana de todos los medios, con un amplio apoyo de distintos sectores de la sociedad.

A diez años del voto “no positivo” de Cobos, quedó claro que la oposición de aquel momento no supo capitalizar esa situación. Luego de las asambleas, cortes de ruta y manifestaciones multitudinarias, estaban las condiciones dadas para impulsar una bancada agropecuaria que represente los intereses de la cadena agroindustrial.

 Entre 2009 y 2011 hubo algunas señales en este sentido, con el ingreso a la legislatura nacional de referentes del sector agropecuario, como los casos de Ricardo Buryaile, que en 2015 fue el primer ministro de Agroindustria del presidente Mauricio Macri y Jorge Chemes, que en la actualidad se desempeña como vicepresidente de Confederaciones Rurales Argentinas (CRA).

A diez años de ese día histórico, ¿cuál es el balance de la legislación vinculada al sector agropecuario? Un repaso a las leyes presentadas en el Congreso nacional permite inferir que desde el ámbito legislativo no se ha construido una bancada sólida que represente los intereses de la cadena agroindustrial. Tampoco se han generado, desde la asunción de Cambiemos al poder, un volumen significativo de leyes en esta materia.

En el transcurso del presente año, no se  aprobó un solo proyecto de ley vinculado al campo. A mediados de mayo sólo se aprobó un dictamen, para modificar el monto de las multas de la Ley de Envases Sanitarios. En 2017, solo se aprobaron dos leyes para el sector, vinculadas a situaciones de coyuntura: se declaró emergencia para productores frutícolas y en 11 provincias, a causa de los excesos de lluvias.

De cara a un 2019 que seguramente registrará una merma en la actividad legislativa, a causa de las elecciones presidenciales, quedan cuestiones sensibles para la cadena agroindustrial, como Ley de Semillas y aplicaciones de fitosanitarios, entre una amplia agenda de temas.