Mientras el gobierno nacional avanza en su plan de transparentar la cadena comercial de la carne, en algunos eslabones puntuales se presentan situaciones complejas, como el caso de las carnicerías. En este eslabón, y ante la falta de formalidad, el presidente Mauricio Macri dio órdenes concretas para agilizar este tema.  

Al llegar al punto de venta, el frigorífico o matarife debe cobrar a la carnicería el concepto correspondiente a Ingresos Brutos, que es el 1.75% de la venta, que el carnicero puede luego deducir. Pero el mayor escollo radica en que un elevado porcentaje de carnicerías no quiere aceptar facturas.

De cumplirse, esta medida permitiría recaudar a las provincias unos 500 millones de pesos. En la práctica, esta idea causa una profunda molestia en la industria, que debe erigirse como un agente de recaudación, y en cierto modo “obligar” a las carnicerías a regularizar sus papeles.

Desde la Cámara de la Industria y Comercio de Carnes (CICCRA) advierten sobre esta situación y su presidente Miguel Schiariti destacó que el actual escenario es complicado para implementar una medida de estas características. “En la provincia de Buenos Aires, existen cerca de 55.000 carnicerías, de las cuales 48.000 ni siquiera tienen habilitación sanitaria”, detalló.

En este contexto, remarcó que la postura de ARBA de imponer como agentes de recaudación a los frigoríficos constituye un problema. “El absurdo pretender que la industria sea quien determine y obligue al carnicero a inscribirse en Ingresos Brutos, es realmente imposible”, advirtió.

A partir del próximo 1° de mayo, el gobierno pondrá en marcha el sistema de Controladores Electrónicos de Faena, que de acuerdo a Agroindustria avanza a buen ritmo. Desde esa fecha, los establecimientos que no cuenten con ese dispositivo no podrán trabajar.